El Tribunal Constitucional (TC), en su Sentencia n.º 40/2024, de 11 de marzo de 2024, ha estimado un recurso de amparo contra una condena por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
Esta decisión marca un precedente importante en la interpretación de los derechos fundamentales en el contexto de los procedimientos de alcoholemia.
Trasfondo y Consideraciones Legales
Imaginemos la escena: un conductor es detenido en un control de seguridad y los agentes de policía perciben claros signos de intoxicación etílica, como el olor a alcohol, ojos enrojecidos y habla pastosa. Ante la imposibilidad de realizar la prueba de alcoholemia en el lugar, deciden trasladarlo a las dependencias de la Policía Local. Sin embargo, la clave radica en si este traslado se realiza de forma voluntaria o bajo coerción policial.
El TC enfatiza que, si el traslado a dependencias policiales no se realiza de manera explícitamente voluntaria, se vulnera el derecho a la libertad del individuo. En términos simples, si el conductor no accede libremente a acompañar a los agentes, cualquier prueba obtenida bajo estas circunstancias debe considerarse nula. Esto es crucial porque afecta directamente el derecho a la presunción de inocencia del acusado.
Antecedentes del Caso
En este caso específico, el Juzgado de lo Penal de Madrid había condenado a la acusada a una multa y a la privación del derecho a conducir por un año y un mes, basándose en los resultados de las pruebas de alcoholemia realizadas en dependencias policiales. Estos resultados mostraron una concentración de 0,98 y 0,95 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, claramente por encima del límite legal.
La defensa apeló, argumentando que la detención y el posterior traslado a la comisaría se realizaron sin la lectura previa de derechos, lo que constituye una detención ilegal y, por ende, una nulidad de las pruebas. Sin embargo, tanto el juzgado de primera instancia como la Audiencia de Madrid desestimaron la apelación, sosteniendo la obligatoriedad de someterse a las pruebas de detección de intoxicación etílica.
Sentencia del Tribunal Constitucional
El TC, sin embargo, tomó una postura distinta. Destaca que la libertad personal no puede ser restringida sin una cobertura legal clara. En este caso, el traslado a comisaría se realizó sin que la acusada estuviera detenida formalmente y sin un consentimiento libre y voluntario. El TC subraya que cualquier forma de coerción vicia el consentimiento y, por tanto, invalida las pruebas obtenidas bajo tales circunstancias.
Además, el tribunal consideró que la falta de lectura de derechos en el momento adecuado constituyó una violación del derecho de defensa. En consecuencia, la prueba de alcoholemia y cualquier otra evidencia derivada de esta intervención policial deben ser declaradas nulas, lo que afecta directamente la condena basada en estas pruebas.
Importancia y Consecuencias
Esta sentencia no solo refuerza la importancia de los derechos fundamentales en procedimientos legales, sino que también establece un precedente sobre cómo deben manejarse las sospechas de conducción bajo la influencia del alcohol.
Las pruebas de alcoholemia deben realizarse cumpliendo estrictamente con los procedimientos legales, garantizando que los derechos del individuo no sean comprometidos en el proceso.
Voto Particular de los Magistrados
Dos magistrados, César Tolosa Tribiño y Enrique Arnaldo Alcubilla, emitieron un voto particular disintiendo de la mayoría. Consideran que, aunque la prueba del etilómetro se haya excluido, deberían haberse considerado otras pruebas, como el testimonio de los agentes, para fundamentar la condena.
Sin embargo, la mayoría del tribunal concluyó que la violación de los derechos fundamentales invalidaba la totalidad de las pruebas obtenidas.
Conclusión
La Sentencia n.º 40/2024 del TC subraya que, en cualquier intervención policial, el respeto a los derechos fundamentales es primordial.
Las autoridades deben asegurarse de que cualquier medida coercitiva esté respaldada por una base legal sólida y que los procedimientos se realicen de manera que no comprometan los derechos de los ciudadanos.
Esta decisión, sin duda, tendrá un impacto significativo en la forma en que se manejan los casos de conducción bajo la influencia del alcohol en el futuro.
Puedes consultar la sentencia aquí.
